Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas



Slide Quintanilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia, en sintonía con la doctrina predominante en Occidente, modificó el modelo de gestión pública e incorporó los principios de otros, como el Neoweberianismo Estatal, la Nueva Gobernanza y la Nueva Gestión Pública; sin embargo, ha sido este último el que ha predominado y a partir del cual se han forjado estrategias de medición de desempeño de las entidades oficiales. Un estudio de Diego Alexander Quintanilla, de la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, estableció que, como resultado de esa tendencia, el país se interesó más por cumplir estándares internacionales que en ajustar esos parámetros a la realidad nacional; de ahí que no sirvan para contrarrestar la corrupción.

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2017 (Comunicaciones FCE – CID). Uno de los pilares de la función pública es que los recursos del Estado deben ser manejados bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía. En Colombia, con modificaciones a los procesos de contratación y los programas de Buen Gobierno, se ha querido alcanzar esos objetivos con el fin de aumentar los controles en la ejecución del presupuesto, implementarlo orientado a resultados y facilitar la comunicación entre el sector público y la ciudadanía. No obstante, la realidad es distinta.

  

De acuerdo con lo hallado por Diego Alexander Quintanilla en su tesis de maestría La reforma de la gestión pública en Colombia: una aproximación a los procesos de rendición de cuentas y análisis de los indicadores de eficiencia del gasto público propuestos, dirigida por el profesor Jairo Orlando Villabona, en nuestro territorio se incurrió en el error de incorporar pautas internacionales de gestión pública sin previamente adaptarlos a nuestro contexto.

  

De hecho, según el magíster, Colombia es una de las naciones de América Latina que cuentan con los índices más altos de adopción del Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar cooperaciones técnicas y capacitación de funcionarios enfocadas a fortalecer la efectividad de los gobiernos de la región y el Caribe, a fin de que puedan tener mejores alcances en sus intervenciones de desarrollo.

  

Pese a esto, los efectos están lejos de ser los más satisfactorios para el país, como bien lo demuestran los constantes escándalos de corrupción que azotan a la mayoría de instituciones nacionales. Esto significa que en la práctica existe un ineficiente gasto público y una inadecuada utilización de las herramientas para el manejo de los recursos oficiales; por ende, de vigilancia y fiscalización.

  

“Lo anterior evidencia el error en que se puede incurrir al incorporar un modelo de forma transversal sin tener en cuenta el contexto en que se realizan los procesos de medición. La Nueva Gestión Pública constituye la base doctrinal que se ha tomado como referencia para establecer estrategias de medición de desempeño en Colombia. Pero es necesario evaluar la pertinencia de adoptarlas en nuestro ámbito, en razón a que los intentos de su uso no se han visto materializados en una reducción de la corrupción. Aun con estrategias de buen gobierno, se ven estos casos, y las ventajas de aplicar los sistemas de medición son difusas en entornos con déficit presupuestal”, indica Quintanilla.

  

Agrega que esta tesis contribuye a mejorar la comprensión de las reformas de la gestión pública en América Latina, gracias al énfasis que hace en el caso de la implementación de modelos de medición y evaluación del gasto en el caso colombiano. En lo metodológico, sigue un enfoque explicativo descriptivo que tiene en cuenta el contexto y las formas de gestión en la administración gubernamental, lo cual permite ampliar el entendimiento de las disposiciones que el Estado busca instaurar para medir la eficiencia del gasto oficial.

  

Lo que se encontró, al respecto, es que en Colombia no se evalúa de forma precisa la ejecución de los recursos planeados, y las deficiencias de información son el principal obstáculo para realizar este tipo de mediciones. Es precaria todavía la cultura de evaluación y seguimiento y existe una débil vinculación entre el presupuesto y la evaluación.

  

“Uno de los propósitos del accountability, mecanismo que se ha tratado de adoptar en Colombia, ha sido ingresar al grupo de naciones que conforman la OCDE, organización que ha buscado establecer sistemas de medición de resultados que den información más precisa sobre los usos de los dineros públicos. Sin embargo, se deben fomentar más los sistemas de rendición de cuentas, orientados al ciudadano y no con el propósito de cumplir estándares internacionales de divulgación de información”, dice Diego Alexander.

  

Concluye que utilizar indicadores de eficiencia implica que las entidades deben incorporar como herramienta de gestión un presupuesto basado en hechos cumplidos, teniendo en cuenta el déficit como una variable, integrando los insumos a las actividades que se requieren en todos los procesos de intervención pública e incorporando cadenas de valor en los procesos.