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Facultad de Ciencias Económicas



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Desde los años noventa el déficit fiscal estructural del Estado colombiano ha sido una constante, lo que ha llevado a múltiples reformas tributarias; de hecho, el próximo gobierno, sin importar su corriente política, tendría que realizar otra. Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que ninguna medida será suficiente para sanear las finanzas públicas si no hay primero un ataque frontal a la corrupción, la cual le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año.

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2018 (Comunicaciones FCE CID). Leer los informes de la Contraloría General de la República es cerciorarse del desangre diario del Estado colombiano; basta mencionar el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), de donde saquearon cerca de 8.5 billones de pesos. Para poner en perspectiva la cifra, fue el mismo monto que adicionó el Gobierno nacional, en julio del año pasado, para aumentar el gasto público y atender programas e inversiones en cinco ministerios.

 

De acuerdo con Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (FCE UN), el creciente déficit fiscal colombiano no había sido un problema visible para la opinión pública durante los últimos lustros debido a que los excedentes de la renta petrolera cubrían el hueco. Sin embargo, desde el 2014, con la caída de esos ingresos, se constataron los problemas estructurales del país para mantener el crecimiento del gasto público y se evidenció aún más el despilfarro y el robo de una buena tajada de esos recursos.  

 

“El informe de Fitch Ratings, el pasado 12 de febrero, mostró los problemas de Colombia para cumplir la regla fiscal, en particular por la eliminación de ciertas fuentes tributarias (es el caso de la sobretasa del impuesto a la renta del 4%) y por la inflexibilidad del gasto público. Esto pone sobre la mesa una discusión de larga data y es cómo lograr estabilidad, toda vez que hay grandes retos de desarrollo, los más importantes: salir de la pobreza y lograr una sociedad más inclusiva. Proponer una mayor reducción del gasto, según lo sugiere la calificadora, a la larga supone un mayor costo para la sociedad”, indicó el experto en temas tributarios.Victor Castaneda

 

Recordó que la reforma tributaria del 2014 buscó, precisamente, aumentar la recaudación introduciendo el impuesto a la riqueza, el cual dejó de cobrarse este año y es una de las causas de los menores ingresos al sistema. Orlando Villabona, profesor de la FCE UN, al respecto ha enfatizado en varios escenarios que este impuesto debería mantenerse en las personas naturales –no así en las jurídicas–, al ser un mecanismo que propicia equidad. “Lo anterior debe ir acompañado de mecanismos de control estrictos para evitar la fuga de recursos hacia paraísos fiscales; por ejemplo, prohibir giros hacia esos lugares o imponer una tarifa de impuestos del 100 % por envío”.

 

Menos gasto ¿cómo?

Sobre las fórmulas que se han sugerido para disminuir el gasto público hay unas inviables desde lo político señaló el profesor Castañeda, como excluir a algunos beneficiarios de los sistemas especiales de salud y pensión. “Decirle a un familiar de las Fuerzas Militares que no seguiría cubierto por su sistema previsional sino por el ordinario, sería difícil”, aseguró. Hay otras propuestas, añadió, que podrían funcionar en el mediano plazo, pero el problema con la regla fiscal se tiene hoy, y si la meta es llegar a un déficit estructural del 1 % en el 2022, como se propuso en la Ley 1473 del 2011, el reto es grande.

 

En esa norma se indica que para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, el Gobierno Nacional Central tendrá que seguir una senda decreciente del déficit, una meta sin cumplir a la fecha; por ejemplo, en el 2011 se esperaba que para el 2018 ese ítem se situara en el 1,9 % o menos, pero según lo informó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, la cifra se ubicaría en el 3,1 %. 

 

Ese panorama, manifestó el profesor de la FCE UN, dará lugar a una nueva reforma tributaria al finalizar el año, algo que por lo general ocurre cuando se posiciona un nuevo gobierno. Además, dijo, lo más seguro será la llegada de nuevos recortes por el lado del gasto de inversión, muy grave debido a que se sumaría a lo disminuido el año pasado en sectores como educación e investigación. Lo que no podría hacer el nuevo ejecutivo sería tocar gastos inflexibles como los de funcionamiento y el servicio de deuda, consignados en el Artículo 351 de la Constitución.

 

“Lo anterior lleva a pensar que será muy poco probable resolver el problema. Lo que el país necesita es solucionar con urgencia el fenómeno de la corrupción, que hoy se observa más como noticia coyuntural que como un problema estructural de la sociedad colombiana. De nada serviría compensar el déficit reduciendo el gasto o aumentando los impuestos si no se asegura que el recaudo se destine a los fines para los cuales fueron creados. En la actualidad, es muy rentable ser corrupto, porque al final de una investigación se devuelve solo una parte del valor apropiado o expropiado por un funcionario público, y las penas privativas de la libertad son irrisorias”, enfatizó el profesor Castañeda.

 

Por eso, en su opinión, lo deseable es que el próximo Presidente de la República tenga entre sus planes una gran ofensiva contra la corrupción, pues este es el real obstáculo para el desarrollo nacional; sin no es así, cualquier esfuerzo tributario se quedará corto. 

 

* Vea la video columna con el profesor Víctor Mauricio Castañeda: